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La Prensa de Panamá Panamá, 06 de mayo, 2016
  • Universidad de Panamá, de negocios con el ‘círculo cero’
  • “Señores: hay intereses detrás de mí que van a recaer sobre la Universidad [de Panamá...] ¿Soy yo o es lo que está detrás de mí? ¿Y qué es lo que está detrás de mí? Es la universidad. Ojo con nuestra institución, que es la más organizada y apoya a la gente de escasos recursos...”.

    Este era el discurso del rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, en julio pasado, ante un Consejo General Universitario al que advertía de ataques “orquestados” para lucrar con el patrimonio de la UP. Nada dijo del negocio inmobiliario –con tierras de la UP– que llevaba años manejando. Tampoco mencionó que miembros del “círculo cero” del expresidente Ricardo Martinelli eran sus clientes en esos negocios.

    Y es que García de Paredes, en sus 19 años al frente de la UP, ha puesto en manos privadas más de 160 hectáreas de terrenos universitarios, esos que reclama como parte del patrimonio universitario.

    TOCUMEN, EL GRAN TESORO 

    Gabriel Gaby Btesh y Felipe Pipo Virzi –socios en la empresa Btesh & Virzi, y personajes inseparables en múltiples escándalos de corrupción en la pasada administración– negociaron con García de Paredes tierras universitarias adyacentes al área de expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, a fin de edificar un complejo comercial e industrial en el que la UP sería
    socia. 

    Así, García de Paredes convirtió la Casa de Méndez Pereira en socia de Gaby Btesh, vinculado a negocios con el Estado que le habrían causado lesiones por millones de dólares, como por ejemplo, la contratación ficticia de vuelos de helicópteros. También está vinculado con el terreno de Paitilla y es señalado por haber prestado ayuda para albergar equipos de espionaje del gobierno pasado. En tanto, Virzi, su socio, tras estar un tiempo detenido, ahora no puede salir del país, investigado por falsificación de documentos y blanqueo de capitales, casos en los que también está involucrado Btesh.

    LA ‘PROPUESTA’

    El acuerdo entre la UP y Btesh & Virzi, comenzó en 2010, según la resolución administrativa (No. 11-12), firmada en 2012, cuando el Consejo Administrativo autorizó al rector a negociar un joint venture para construir un complejo industrial y comercial en 36.5 hectáreas de terrenos universitarios en Tocumen.

    En estos documentos   se fundamenta el contrato que refrendó  la  contralora Gioconda de Bianchini.

     

    El documento se fundamentó en la resolución 5-10, de 2010, que autorizó al rector acordar con B&V Btesh/ Virzi Real Estate Developers el desarrollo del joint venture , ya que dicha empresa “presentó a la UP una propuesta” y entregaría dividendos a la institución.

    En la resolución 11-12 se concluyó firmar el contrato, pero el nombre de la empresa cambió de Btesh & Virzi, a Inversiones Las Flores, S.A., sin anular lo pactado antes.

    Inversiones Las Flores se creó en 2003. Tuvo entre sus dignatarios a Alonso Aponte, quien también fue su suscriptor. Aponte es dignatario en otra compañía con Ailedsabel González, la habitual abogada de Btesh, con quien figura en múltiples sociedades junto al empresario.

    Para 2012, cuando se firmo el “acuerdo para un consorcio entre la Universidad de Panamá e Inversiones Las Flores”, los dignatarios de la sociedad fueron reemplazados y José Guillermo Bazán Julio quedó como presidente, quien firmó por la empresa, mientras que por la UP, lo hizo García de Paredes (Ver nota: Las caras visibles de la transacción) 

    Este contrato –refrendado en 2012 por la entonces contralora, Gioconda de Bianchini– se basó en las dos resoluciones mencionadas, que, como se dijo, exponen la negociación de Btesh & Virzi. En el contrato se pactó también que la empresa podría conceder a un tercero el desarrollo del negocio.

    Otra modificación, además del nombre de la empresa, fue que el terreno a desarrollar disminuiría de 36.5 hectáreas a 31.6 hectáreas. No obstante, el proyecto, según los planos de su estudio de impacto ambiental, ocupa 4.9 hectáreas no contempladas en el contrato de alquiler. Pero, según este estudio, el complejo tendría su extensión original: 36.5 hectáreas. Su duración será lo “necesario para lograr el objetivo de la asociación accidental”: 20 años prorrogables.

    En tierras de la UP se construirían galeras para depósitos, cita el estudio  ambiental. La empresa pagará a la UP cinco centavos al mes por metro cuadrado.

    FÓRMULA DE PAGO

    El contrato repite la figura que expertos califican de “colusiva” y que consiste en que la UP le reconoce a sus “socios” hasta el 75% de una inversión tope de $10 millones, descontados del 50% de los beneficios que le correspondan a la UP.

    Como “beneficio”, la UP recibiría $200 mil anuales del segundo al tercer año; es decir, cinco centavos al mes por metro cuadrado. Este pago aumenta progresivamente, siendo su mayor incremento de 2% en el decimosexto año del contrato. Después de este, no se contempla otro, aunque el contrato es a 20 años, prorrogables a otros 20 adicionales.

    Además, la UP recibirá menos de tres centavos al mes por cada metro cuadrado de área cerrada de construcción, señala el contrato.

    El canon es mínimo si se compara con lo establecido en un avalúo de 2007 –cinco años antes de este contrato– de la Contraloría General de la República (CGR), que avaluó 108 hectáreas universitarias, incluyendo el lote de este contrato. Por entonces, propuso un canon de arrendamiento de $36,203 dólares mensual. Eso da en promedio unos tres centavos por metro cuadrado en aquel entonces.

    Entonces, ¿cómo se determinó el canon fijo de arrendamiento y los menos de tres centavos mensuales por metro cuadrado de construcción? ¿Cómo supo la UP que esta empresa sería la que mejor rentabilidad le daría?

    En el portal de Panamá Compra no existe un acto público referente a este contrato y la Dirección General de Contrataciones Públicas negó que existiera registro de licitación alguna al respecto.

    A su vez, ni la CGR ni el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tienen en sus archivos un avalúo de esta finca con fecha cercana a la firma del contrato, como lo exige la ley para definir su precio de arrendamiento o de venta.

    Se le preguntó por esto a García de Paredes y se le solicitó copia de los documentos que sirvieron de base para este contrato, pero no facilitó nada.

    De hecho, el rector negó la transacción, refrendada e inscrita en el Registro Público.

    Este contrato formaliza el consorcio con la UP. Descargue aquí toda la escritura.

    El proyecto tiene estudio de impacto ambiental Comprobante de la aprobación del estudio ambiental, en el que se adjunta este contrato –y se cita la resolución 11-12– que confirma su desarrollo en una finca de la UP.

    “Usted pregunta sobre las tierras paralelas a la expansión del aeropuerto de Tocumen y sobre asociaciones
    accidentales realizadas por la UP con el fin de desarrollar esas áreas, actualmente la UP no mantiene contrato alguno sobre estas tierras”, contestó García de Paredes.

    Además de todo lo expuesto, la figura del consorcio o joint venture no debió ser utilizada, según expertos consultados por este medio.

    Que una entidad estatal conforme un consorcio con otra empresa para ejecutar una obra de la misma entidad y activar este tipo de contratación de manera directa, sin cumplir con las normas del procedimiento excepcional, “es improcedente e ilegal;
    sería un procedimiento colusivo que crea conflictos de interés”, explicó el abogado y exdirector de Contrataciones Públicas Alexis Zuleta.

    “Ahí no hay ninguna asociación ni ninguna sociedad de desarrollo, no hay nada. La UP lo único que va a recibir es una renta y es una renta mínima y ridícula”, afirmó el excontralor Alvin Weeden, que analizó el contrato.

    A su juicio, se repitió la figura del alquiler con Parque Sur y Global Business Terminal, solo “cambiándole el nombre, vistiendo el muñequito para hacerlo más bonito, [pero] es un mero contrato de arrendamiento”.

    Terrenos universitarios en Tocumen negociados con Btesh & Virzi

    La Prensa intentó contactó a Btesh y Virzi, a través de correo electrónico y cartas enviadas a sus oficinas; se les pidió una entrevista o que contestaran el cuestionario, pero no lo hicieron. Tampoco lo hizo Inversiones Las Flores.

    Descargue aquí el contrato del consorcio de asociación accidental

    Descargue aquí el Estudio de Impacto Ambiental del consorcio

     

    Busque el lunes: UP: El negocio de vender tierras

  • Tierras del consorcio con el "círculo cero".
  • Evalúan ruta de interconexión con Colombia
  • Panamá y Colombia tienen cuatro posibles rutas para desarrollar el proyecto de interconexión eléctrica, según un estudio contratado por el Ministerio de Ambiente.

    El documento fue preparado por Conservation Strategy Fund (CSF), una organización internacional que capacita a las personas en el uso de las ciencias económicas para proteger bosques, ríos y otros ecosistemas.

    El informe generó información sobre los costos financieros, riesgos ambientales, sociales y de seguridad que podrían servir para la toma de decisiones.
    Por ejemplo, la ruta 1 atraviesa la comarca indígena Emberá y el Bosque Protector Alto Darién, mientras que la ruta 2 pasa por las comarcas Guna Yala y Emberá, así como por la Reserva Hidrológica de la Serranía del Darién.

    La ruta 3 es marina y evita cruzar la provincia de Darién y las comarcas indígenas. En tanto, la ruta 4 evita atravesar Darién, áreas protegidas y zona fronteriza, aunque recorrería una parte de la comarca Guna Yala (ver mapa).

    Al respecto, Samuel Valdés, director de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, subrayó que la opción marina (la ruta 3) es la “más viable” para el ambiente, pero no es económicamente sostenible.

    En ese sentido, el documento precisa que el costo estimado de esta ruta es de $916 millones, de los cuales Panamá debería aportar unos $458 millones.

    Valdés precisó que la propuesta que atraviesa parte de la comarca Guna Yala (ruta 4) es la segunda opción de menor impacto ambiental y podría construirse paralela a la servidumbre de una ruta terrestre que beneficie a las comunidades del sector este de esa área indígena.

    El gasto total en esta propuesta sería de $595 millones, de los cuales el país debería aportar aproximadamente $297 millones.

    “Nos corresponde y estamos cumpliendo con la labor de evaluar y analizar las rutas de mayor viabilidad ambiental para el país”, acotó Valdés.

    Según el funcionario de Ambiente, en estos momentos conversan con las autoridades tradicionales de las comarcas Wargandí y Guna, para ver si aprueban la ruta.

    Los técnicos que elaboraron el informe estimaron el costo de construcción utilizando la longitud total del proyecto de interconexión; es decir, incluyendo los tramos que corresponderían a Colombia y a Panamá. Esto se debe a que los países acordaron asumir cada uno el 50% de los costos.

    DEFORESTACIÓN

    De acuerdo con el informe, la propuesta de interconexión que generaría mayor cantidad de caminos sería la terrestre-comarca Emberá- Wounnan de Cémaco (ruta 1), seguida por la marino-terrestre Puerto Escocés-Comarca Guna (ruta 2), la marino-terrestre Mamitupu comarca Wargandí (Ruta 4) y, por último, la marino- terrestre Colón (ruta 3).

    En cuanto a la deforestación, la 2 generaría la mayor deforestación total, seguida muy de cerca por las rutas 1 y 4. La ruta 3 presenta la menor tala de árboles.

    Atencio López, asesor legal del Congreso General Guna, señaló que la posición inicial de los guna fue rechazar este proyecto y lo reiteraron en una reunión en la Presidencia de la República.

    Sin embargo, explicó que el próximo 26 de mayo el congreso se reunirá nuevamente y podría incluir este tema en agenda. “Debemos esperar a ver si se incluye en la agenda de discusión, pero hasta el momento nos reiteramos en el rechazo a la interconexión”, aportó.

    Por su parte, la activista Susana Serracín, del Centro de Incidencia Ambiental, manifestó que por tratarse de un proyecto relacionado con la política energética del país debe ser ampliamente consultado.

    Serracín puntualizó que las autoridades tradicionales de Guna Yala deben ser informadas de cualquier avance de esta obra. “La obra debe impactar lo menos posible al medio ambiente”, sostuvo.

    EMPRESAS ESPERAN

    Por su parte, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., (Etesa) y la estatal colombiana Interconexión Eléctrica (ISA), accionistas principales del proyecto, respondieron que la interconexión eléctrica continúa en fase de viabilización y diseño.

    Para ambas, “la prioridad actual del proyecto es la viabilización de un corredor ambiental en Panamá, el cual debe tener el aval de las comarcas indígenas ubicadas en la área de influencia de la obra”.

    Precisamente, resaltaron que las aprobaciones requeridas deben ser obtenidas a través de sus instancias tradicionales de decisión (Congresos Generales), respetando tiempos y autoridades.

    Concluyeron que una vez se tenga un corredor ambiental avalado por los dos países, será posible ejecutar el estudio de impacto ambiental y social, y el diseño detallado de la línea eléctrica entre Panamá y Colombia.

    El apoyo regional a este proyecto fue refrendado en la última cumbre de jefes de estado, que se llevó a cabo el año pasado en el país.

     

    Evalúan ruta de  interconexión

  • Mossack Fonseca intenta impedir que el ICIJ divulgue información
  • Casa Blanca anuncia medidas para combatir empresas fantasma en EU
  • Odebrecht aspira a quedarse con el contrato del cuarto puente sobre el Canal
  • La brasileña Norberto Odebrecht –envuelta en un escándalo de corrupción internacional– pretende ampliar su cartera de obras públicas en Panamá.

    La constructora –que ya suma más de 9 mil millones de dólares en proyectos con el Estado panameño– aspira ahora a lograr el contrato del diseño y construcción de lo que será el cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

    El miércoles 4 de mayo, Odebrecht –a través del Consorcio CCB– participó en el acto de precalificación convocado por el Ministerio de Obras Públicas. Otros cinco grupos también concurrieron al acto.

    El proyecto tiene un valor calculado de mil millones de dólares y podría beneficiar a una población aproximada de 1.7 millones de habitantes.

    Según informes del MOP, el Consorcio CCB está integrado por la constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Odebrecht Engenharia e Construcao Internacional, S.A.

    La lista de proponentes que acudieron al acto de precalificación la completan: Consorcio Panamá Cuarto Puente (China Communications Construction Company Ltd. y China Harbour Engineering Company Ltd.), Consorcio Hyundai-Sacyr JV, Dragados Sucursal Panamá, S.A., Consorcio Astaldi-Daelim y Consorcio Cuarto Puente CSCEC-CREC-GLF (China State Construction Engineering Corporation Ltd. y China Railway Group Limited).

    El ministro Ramón Arosemena dijo este jueves que el proyecto –uno de los más importantes en la gestión de Juan Carlos Varela– debiera comenzar su construirse a principios de 2017 y que las obras tomarían entre 30 a 36 meses, aproximadamente.

    Arosemena agregó que estarán vigilantes de que el consorcio ganador cuente con un financiamiento necesario para llevar a cabo la obra.

    Solo el año pasado, Odebrecht se adjudicó las licitaciones para la construcción de la línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón -en consorcio con la panameña Cusa. Ambos proyectos suman un total de más de $2.3 mil millones, equivalente a casi el 13% de las inversiones presupuestadas por el Gobierno para el quinquenio 2014-2019.

    El consorcio que se adjudique este contrato debe elaborar el diseño final y construir un puente principal atirantado, cuya plataforma alojará la línea 3 del Metro.

    La comisión evaluadora se encargará de analizar cada propuesta para luego determinar cuáles son las empresas precalificadas que pasarían a la siguiente etapa de la licitación de este proyecto.

    ESCÁNDALOS

    Odebrecht es el principal contratista de Panamá, donde participa sola o en consorcio en proyectos que superan los $9 mil millones, entre ellos algunos en ejecución, como la segunda línea del Metro de Panamá, la ampliación del aeropuerto de Tocumen y la renovación urbana de Colón.

    No obstante, el conglomerado es objeto de una investigación en Brasil, como parte de la operación Lava Jato.

    Según los investigadores de ese país, la empresa habría sido parte de un esquema de corrupción alrededor de contratos de la petrolera estatal Petrobras.

    Por este caso, el expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, fue detenido en junio de 2015 y condenado, en marzo pasado, a casi 20 años por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. Recientemente Marcelo Odebrecht pactó ser parte del programa de “delación premiada”, que consiste en cooperar con los fiscales en las investigaciones a cambio de una reducción de condena.

    Tras el escándalo de corrupción, los títulos de la constructora han caído casi a la mitad y la empresa ha recibido una rebaja de calificación con perspectiva negativa.

    SOLICITUD

    El interés de Odebrecht en el proyecto sobre el cuarto puente se conoce en medio de la solicitud de organizaciones de la sociedad civil hecha Varela para que vete parcialmente el proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.

    Estas organizaciones piden a Varela que vete el proyecto para que se incluya en este, entre otros puntos, la prohibición de licitar con el Estado a empresas condenadas por corrupción en el extranjero, como es el caso de la constructora brasileña.

    El proyecto 305 solo contempla la inhabilitación cuando la condena sea en tribunales panameños.

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  • Trump y Clinton, candidatos ganadores pero impopulares
  • Es la paradoja de la elección presidencial estadounidense de 2016: la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, que tienen casi garantizado afrontarse en noviembre por la Casa Blanca, son los dos muy impopulares.

    Dos tercios de los electores (65%) tienen una opinión desfavorable del multimillonario y solo un cuarto (24%) una opinión favorable, según un reciente sondeo de Wall Street Journal/NBC.

    Hillary Clinton tiene un 56% de opiniones desfavorables y 32% de opiniones favorables, de acuerdo con ese sondeo.

    Otra encuesta de CNN el miércoles les daba 56% de impopularidad a Trump y 49% a Clinton. “Históricamente, nunca hemos visto esto", explicó a la AFP Jeanne Zaino, experta en política de la Universidad Iona. “Que haya uno (impopular) es una cosa. Pero aquí se trata de los dos”, agregó.

    Donald Trump, de 69 años y outsider imprevisible que nunca ha ejercido un cargo electivo, ha irritado a buena parte del electorado con sus comentarios sobre las mujeres, los mexicanos y los musulmanes.

    El 51% de los demócratas que votarán a Clinton lo hará para bloquear a Trump y solo 48% para apoyar a la ex secretaria de Estado. Del lado de Trump, el 57% de los republicanos lo votará para oponerse a Clinton y apenas el 43% para apoyar al multimillonario, según CNN.

    Hillary Clinton, de 68 años, muy experimentada ya que fue senadora por Nueva York y secretaria de Estado, tiene grandes dificultades para conseguir la confianza de muchos votantes que no logran descifrar su verdadera personalidad.

    ¿Cómo llegaron entonces a convertirse en los candidatos probables de sus partidos? “Por la forma en la que elegimos los candidatos”, explicó Robert Shapiro, experto de la Universidad de Columbia en Nueva York.

    En 2012, solo cerca del 16% de los estadounidense en edad de votar había participado en las primarias. “Los que se desplazan son más bien militantes o extremistas”, dijo. No se trata del estadounidense medio.

    Teniendo en cuenta a los 17 candidatos republicanos que se lanzaron en la primaria, Donald Trump solo necesitó los votos de “un pequeño segmento del electorado estadounidense” para convertirse en el probable nominado de su partido, agregó.

    Del lado demócrata, Hillary Clinton ha aprovechado que no tenía rival, con la excepción de Bernie Sanders.

    “Los otros candidatos capaces decidieron no lanzarse en la carrera porque era un mal año para un demócrata para presentarse a la Casa Blanca”, señaló Shapiro, en referencia a la impopularidad de la administración de Barack Obama.

    Si Donald Trump y Hillary Clinton no son populares es porque “son muy conocidos”, precisó Jeanne Zaino. “La gente tiene una opinión muy marcada de los dos lados”, explicó. Es que los estadounidenses saben todo de las vidas, éxitos y debilidades de los dos.

    Clinton, que sueña con ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos, está inmersa en la vida pública desde hace 20 años: primera dama cuando su marido Bill era presidente (1993-2001), senadora de Nueva York (2001-2009) y luego secretaria de Estado (2009-2013).

    Donald Trump es célebre desde hace años por su fortuna, sus rascacielos, sus dos divorcios y la emisión del reality show "El aprendiz", que animó durante más de una década.

    “Muchos demócratas tienen la impresión de que el partido se convirtió en el partido de los Clinton y eso no les gusta”, indicó Sam Abrams, experto del Sarah Lawrence College.

    “Muchos de mis estudiantes no han conocido un periodo durante el cual un Clinton o un Bush no fuese presidente o no dominara la vida política nacional”, agregó.

    Por ello existe una aspiración a algo diferente, especialmente entre los jóvenes que prefieren ampliamente a Bernie Sanders, de 74 años y senador por Vermont (noreste).

    Tres cuartas partes de los estadounidense se dicen decepcionados de sus políticos, lo que ha provocando el surgimiento de outsiders, y la violencia de la campaña no ha ayudado a mejorar la imagen de los candidatos con más visibilidad.

    Antes de retirarse de la contienda el martes por la noche, el republicano Ted Cruz acusó a Trump de ser un “mujeriego”, “mentiroso patológico” y “narcisista”.

    Bernie Sanders, por su parte, continúa denunciando los vínculos de Hillary Clinton con Wall Street y sus discursos por los que cobró cientos de miles de dólares.

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  • Apede pide al presidente Varela 'no sancionar o vetar parcialmente' Ley de Contrataciones Públicas
  • La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) instó al presidente de la República, Juan Carlos Varela "no sancionar o vetar parcialmente" la reforma a la ley de Contrataciones Públicas aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.

    "Apede considera que las modificaciones a dicha Ley deben ser revisadas, principalmente, porque lesionan el principio de transparencia que tanto se ha promulgado y no obedecen al consenso generalizado de la sociedad, que espera un manejo prístino en este proceso que ha sido el eje central de serios temas de corrupción; tanto de empresas privadas como de funcionarios públicos", señala un comunicado del gremio.

    "El trabajo que se ha hecho no es suficiente y tiene oportunidades de mejoras sustanciales", continúa el comunicando recordando que la institución presentó a la Asamblea Nacional en marzo de este año propuestas de modificación mismas que "no fueron consideradas".

    El proyecto 305 que reforma la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas en Panamá fue aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional

    Durante la discusión, el pleno legislativo rechazó una propuesta de siete diputados que pedían incorporar al proyecto 305 una cláusula que inhabilita a las empresas condenadas en Panamá y el extranjero, por los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o delitos contra la seguridad colectiva, el patrimonio económico y la fe pública.

    A comienzos de esta semana, diferentes grupos de la sociedad civil, entre ellos Transparencia Internacional, capítulo Panamá, vetar parcialmente esta ley. 

    A continuación el comunicado completo:

    Apede pide al presidente Varela no sancionar o vetar parcialmente Ley de Contrataciones Públicas

     

 
TVN - Canal 2 Panamá, 05/05/16 de mayo del 2016
 
Newspaper Periodico El Panama America Panama, 06 de may, 2016
 
La Critica de Panamá Panamá, 06 de mayo, 2016
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Panamá, 06 de mayo, 2016
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Panamá, 06 de mayo, 2016
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